En momentos en que los cubanos resisten los embates de la agudización de la situación económica dentro de Cuba el gobierno comunista cubano encabezado por el general Raúl Castro hace públicas una serie de medidas de corte laboral que vislumbran un extrangulamiento aún peor de la clase popular.

Lo que por meses había sonado como agua que trae el río terminaba materializandose con la publicación de la decisión en el periódico Granma, órgano oficialista del gobierno de la isla. Ya es un hecho. A partir de los próximos meses se pondrá en plena ejecución la decisión castrista de dejar cesantes a más de medio millón de empleados estatales, sector que en Cuba representa el 90% de la fuerza productiva.

La razón es solo una. El gobierno ya no puede seguir subvencionando salarialmente a empleados que permanecen calentando sillas en sus respectivos centros de trabajo. La nula productividad del sistema comunista ha obligado a sus timoneles a aceptar que la soga ya no estira más. A diferencia de anteriores ejemplos donde estos cambios se han hecho con posterioridad a la muerte de los dictadores (China) en el caso de Cuba la estructura gubernamental ha optado por realizarlos frente a la ciencia y paciencia del mítico y senil dictador, quien tiene demasiada preocupación salvando al mundo de una guerra nuclear como para percatarse de ello.

Aún es muy pronto para vaticinar si la nueva delineación rendirá los frutos esperados y si las opciones de autogestión propuestas por Raúl Castro, entre las que se destacan la legalización de actividades comerciales privadas, contratación y sub contratación de personal entre otras, redundarán en economías y mejoramiento de la situación del cubano de a pie o si por el contrario desencadenarán una ola de repudio al gobierno, alza del desempleo nacional, merma en la productividad y el consumo, incremento de la economía informal, afianzamiento de la corrupción y despunte de actos delictivos contra la persona y la propiedad. Sólo hay algo seguro: "La empresa privada llegó para quedarse".